06. Ley de financiamiento

Proyecto de ley ordinaria 300/2024-C
«Por medio del cual se expiden normas de financiamiento para el Presupuesto General de la Nación»

El Proyecto de Ley 300 de 2024-C, también conocido como la Ley de Financiamiento, es una iniciativa legislativa clave dentro del diseño fiscal y económico del Estado colombiano. Esta norma tiene como propósito garantizar los recursos necesarios para cubrir las apropiaciones contenidas en el Presupuesto General de la Nación (PGN), asegurando así la viabilidad operativa y financiera del gobierno durante la vigencia fiscal correspondiente.

A través de este proyecto, el Gobierno Nacional establece mecanismos legales para la obtención de ingresos, incluyendo fuentes tributarias, endeudamiento público, emisión de títulos, utilización de excedentes financieros de entidades estatales y otras formas de financiación interna o externa. Su contenido está estrechamente vinculado al proyecto de ley del presupuesto y, en la práctica, complementa la Ley de Apropiaciones, aportando los fundamentos jurídicos y financieros para su ejecución.

Este tipo de leyes suelen incluir disposiciones relativas a:

• La autorización de cupos globales de endeudamiento;
• La emisión de bonos de deuda pública interna o externa;
• El uso de recursos del crédito público y organismos multilaterales;
• La definición de fuentes alternativas de financiación;
• Y en algunos casos, modificaciones temporales o permanentes al régimen tributario vigente, cuando el Ejecutivo lo considera necesario para el equilibrio fiscal.

Dado su carácter estructural, la Ley de Financiamiento tiene impactos directos sobre la política económica nacional, los niveles de inversión pública, el déficit fiscal, la sostenibilidad de la deuda y la ejecución de programas sociales, educativos, de infraestructura y salud, entre otros.

El Proyecto de Ley 300 de 2024-C será objeto de un debate técnico y político de gran relevancia en el Congreso de la República, especialmente en las comisiones económicas, donde se evaluarán sus efectos sobre la estabilidad fiscal, la responsabilidad en el manejo de recursos públicos y la coherencia con los compromisos macroeconómicos del país.

Su aprobación es indispensable para que el Estado colombiano pueda cumplir con sus obligaciones y ejecutar su plan de gobierno durante el año fiscal 2025.en normas de financiamiento para el Presupuesto General de la Nación”.